El sector de la banca ha vivido una semana movida tras la decisión del Tribunal Supremo de que sean los consumidores los que asuman el pago del impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD). Tras el júbilo bancario inicial, llegaba el revés del Gobierno que decidió por decreto que a partir de ese momento el abono de este impuesto se convierta en competencia de las entidades jurídicas.

En nuestro comparador de préstamos online no hemos perdido detalle del suceso y hemos querido “descomplicar” el tema con este artículo donde exponemos la situación hipotecaria actual y los posibles cambios en el sector.

Una de cal y otra de arena

Ahora a los bancos les toca recomponerse para ver si repercuten este impuesto al cliente de alguna manera. La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) afirma que no tiene duda de que la banca trasladará a sus clientes este inesperado sobrecoste.

Durante los últimos 23 años ha sido el particular el responsable del pago del impuesto, pero ahora las tornas han cambiado. Así, los bancos aseguran que dado que ahora su pago les corresponde a ellos ya “no habrá descuentos por familias numerosas, por discapacidad, por edad del comprador, etc., y sin poder, por lo tanto, desgravar en el impuesto de sociedades”. ¿Podemos extraer de estas palabras que acabaremos perdiendo con el cambio? Vamos a verlo.

Es cierto que los bancos todavía no se han atrevido a repercutir este impuesto a los clientes, lo cierto es que la novedad de su pago todavía les ha pillado de nuevas y no saben todavía cómo hacerle frente. Sin embargo, sí que han advertido que a medio plazo acabará 

notándose en el bolsillo de sus clientes.

Una de las razones de tanta cautela y que su oferta comercial se mantenga sin cambios es la enorme competencia existente entre las entidades. Por lo tanto, reina el recelo y todas ellas estudian al contrario para ver qué pasos da al respecto.

En este sentido, seguramente la mayoría de ellos no habrá visto con buenos ojos la decisión del banco Pibank, marca de Banco Pichincha (con presencia en Ecuador, Colombia, España, Panamá y Perú) que acaba de lanzar una jugosa oferta en la que promete asumir todos los gastos, incluido el AJD y la tasación.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) no perderá detalle

El nuevo escenario obliga a que entidades como la CNMC estén más atentas que nunca. Cabe recordar las recientes declaraciones del presidente de este organismo, José María Marín Quemada, quien ha asegurado que “no permitirá que el sector bancario adopte conductas coordinadas o lleve a cabo recomendaciones colectivas para repercutir el coste del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (IAJD) sobre los clientes”.

El importe de la hipoteca puede variar en función de la Comunidad Autónoma

Dado que son las CC.AA. quienes tienen asumido el cobro de ese impuesto, nos topamos con el hecho de que el tipo a aplicar en el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados varía en función de la comunidad autónoma.

En concreto, podemos toparnos con un gravamen que puede ir desde el 0,5 % hasta un 1,5 % sobre el importe del préstamo hipotecario ya que depende de la región. Por lo tanto, esta circunstancia puede motivar que los bancos ofrezcan hipotecas más o menos caras en función de autonomía.

Así, es probable que en un futuro no muy lejano los consumidores se encuentren ante una diferencia de trato hipotecario dado que no es lo mismo pedir una hipoteca en una comunidad como la navarra, con un 0,5 %, que en la Comunidad Valenciana, con un 1,5 %.

Por lo tanto, los bancos reconocen que están estudiando si “tienen que publicitar hipotecas diferentes en función de la comunidad autónoma”. 

Algunas voces del sector vaticinan que estamos ante el umbral de unas hipotecas cada vez más personalizadas: “Lo que va a pasar es que más allá de la publicidad de los precios, que es un gancho comercial, luego en la oficina las ofertas van a ser cada vez más personalizadas”.

Las grandes beneficiadas, las CC.AA.

La duda actual de los bancos es si las diferentes regiones, dado que este impuesto ya no corre a cargo del particular, optarán por incrementar este impuesto y recaudar por ello más dinero. Antes hubiera sido una medida muy impopular optar por su encarecimiento, pero la situación ha cambiado.

De hecho, los expertos consideran que las haciendas autonómicas son las grandes beneficiadas por este cambio. No en vano, anteriormente aplicaban una serie de deducciones por familia numerosa y discapacidad, entre otros, que ahora ya no tienen razón de ser pues es el banco el único sujeto obligado a su pago. En suma, recaudan más al no existir ya estas bonificaciones.

Lo cierto es que las autonomías –aunque han mantenido la boca cerrada– habrán respirado aliviadas ante la decisión del TS que reconocía que los obligados al pago eran los usuarios y no los bancos. De hecho, el director de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón, ya sugería a los clientes que las peticiones de devolución del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) de las hipotecas tendrían que que dirigirse a las comunidades autónomas, y no a los bancos, pues son ellas las encargadas de recaudar el dinero de su pago.

En cualquier caso, parece que estamos ya ante el capítulo final de un largo tira y afloja entre consumidores y bancos que nos ha mantenido en vilo durante meses, especialmente este último.