Uno de los últimos legados del gobierno de Pedro Sánchez, que ya está viviendo sus últimas horas, es la importante aprobación de oferta de empleo público que, con un total de  33.793 plazas, se ha convertido en la mayor de los últimos once años. 

La razón que pretexta el ejecutivo para dar el paso es la inminente, al parecer, jubilación del 14% del personal durante este 2019. De hecho, se estima que el 51 % de la plantilla se retirará en la próxima década. Así, el Gobierno ha querido curarse en salud, y adelantarse a esta tesitura que puede poner en jaque el funcionamiento del país si no se remedia oportunamente. 

En concreto, la ministra de Función Pública y Política Territorial, Meritxell Batet, ha asegurado que, según el análisis realizado, los sectores de cobertura más urgente son los de Empleo, delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, tráfico, catastros o lucha contra el fraude. Sin embargo, también existen áreas prioritarias como la administración penitenciaria o la incorporación de nuevas tecnologías de la información y las comunicación a la Administración General del Estado.

Se acaba con una vieja discriminación

Una de las novedades más importantes de esta nueva oferta de empleo es que que se acaba con una discriminación de acceso al trabajo que afectaba a las personas con diabetes, celiaquía, psoriasis o VIH. Por lo tanto, estas circunstancias ya no se consideran un impedimento para convertirse en funcionario público.

Según la Administración General del Estado (AGE), la cifra total de funcionarios cuya edad media actual se sitúa en los 52 años es de 135.476. Mientras que el conjunto de la población activa del país ronda los 42,5 años. Es decir, es diez años más joven.

Según la ministra, en el 2004 la media se situaba en los 46 años, en 2008 en los 47, y los 49 años en 2012. Finalmente llegamos al 2019 con 52 años.

¿Cuántos funcionarios tiene la Administración Pública española?

Lo cierto es que no resulta nada fácil esclarecer cuántos funcionarios tiene España. El tema ha sido bastante peliagudo y ha llevado de cabeza al ejecutivo pues no hay una estadística única al respecto. Incluso pueden llegar a ser contradictorias.

Sin ir más lejos, la Encuesta de Población Activa (EPA) los cifra actualmente en 3.105.800, mientras que el Registro Central de Personal de las Administraciones llega a contabilizar 550.000 menos. 

“Ni los sindicatos ni el Gobierno sabemos las cifras exactas. Al ser una medida con un impacto económico importante se debería conocer al detalle”, afirmó en su momento Raúl Olmos, secretario de Acción Sindical de la Federación de servicios públicos de CC.OO. 

En cualquier caso, sí que hay estimaciones acerca de en qué ámbitos trabajan la mayoría de ellos. Al parecer las autonomías son las que mayor número de funcionarios concentran con un 51,9 %, mientras que un 22,17 % lo hace en las administraciones locales, un 19,8 % en el Estado, mientras que en las universidades encontramos un 6 %.

En el caso de los empleados públicos al servicio de la Administración General del Estado, el 51,66 % son mujeres y el 48,34 % son hombres. Y sí que es cierto, como apunta la ministra, que no es un sector especialmente joven pues un 72,83 % tiene entre 40 y 59 años.

¿Y cuántos funcionarios encontramos en el resto de Europa?

Seguro que a estas alturas más de uno se preguntará cuántos empleados públicos encontramos en el resto de Europa. En este sentido, podemos echar un ojo a los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) correspondientes al año 2015 donde observaremos que Noruega, Dinamarca, Suecia y Finlandia son los cuatro países con mayor volumen de funcionariado.

En contrapartida, Japón, Corea del Sur, Suiza y Alemania (por este orden) son los que menos empleados públicos tienen.

¿Y qué pasa con España? Pues que lejos de lo que muchos puedan pensar, nuestro país se encuentra, en una lista de treinta, en el número 19. Lo cierto es que superamos por muy poco a países como EEUU, Portugal o Italia.

En definitiva, parece que no somos un país con un excesivo número de funcionarios que, recordemos, son los profesores, médicos y personal de justicia. Todos ellos son básicos pues les encomendamos la educación de nuestros hijos, atienden nuestra salud, instruyen a nuestros hijos, así como resolver nuestros problemas legales. Aunque, por supuesto, existen muchos más servicios que son posibles gracias a ellos.

El problema, según ciertos expertos, es de otra índole:” Hay un problema de distribución, de eficiencia. Hay sectores que presentan insuficiencia y otros en los que se producen duplicidades o se asignan demasiados recursos. Un ejemplo es el Ministerio de Agricultura, cuya asignación de personal público no se corresponde con las necesidades actuales, o los ámbitos en los que las competencias están transferidas a las Comunidades Autónomas", afirman desde Funcas. 

Al margen de todas estas diatribas, sin duda alguna, estamos ante una excelente ocasión para que todos aquellos que busquen empleo, o simplemente quieren mejorar su estabilidad laboral, claven los codos pues las perspectivas son inmejorables.