Estamos ante un término bastante común en la vida de las sociedades. Pero primeramente tendremos que establecer qué se entiende por dividendo. Lo cierto es que podemos definirlo como la principal remuneración de la que gozan los accionistas de una empresa por ser propietarios de la sociedad. 

Dicha cantidad, además, es variable y su cuantía depende los resultados anuales obtenidos por la empresa. 

Una vez aclarado este concepto, podemos adentrarnos en el de dividendo a cuenta que es aquel que la compañía acuerda entregar a sus accionistas incluso antes de que concluya el ejercicio social. Podemos resumirlo como una especie de anticipo de los resultados finales esperados.

No obstante, estamos ante un momento donde todavía se ignora el resultado final del ejercicio y para su cálculo se hace una estimación del beneficio que realiza la propia entidad. Además, han de ser aprobados por la Junta General o los administradores de la sociedad. 

Por lo tanto, es preciso que concurran una serie de requisitos para que su reparto sea legal. Además, la ley obliga a que la cantidad a distribuir no podrá exceder de la cuantía de los resultados obtenidos desde el fin del último ejercicio, deducidas las pérdidas procedentes de ejercicios anteriores y las cantidades con las que deban dotarse las reservas obligatorias por Ley o por disposición estatutaria, así como la estimación del impuesto a pagar sobre dichos resultados. (art. 216 LSA).

Una vez que termine el ejercicio, si existen beneficios suficientes y recibe el visto bueno de la la Junta General de Accionistas, a los accionistas se les entrega un dividendo complementario. En definitiva, podemos considerarlo como la diferencia existente entre los dividendos ordinarios y a cuenta tras la celebración de la Junta General de Accionistas donde se ha fijado el importe definitivo.